Los acuerdos logrados representan un desafío histórico al modelo hegemónico desde proyectos de vida alternativos expresados por una nueva ciudadanía en potencia.

Por: Alberto Bejarano Schiess
Abogado e investigador

Al filo del amanecer del pasado martes 15 de mayo de 2017 y mientras lentamente en la bahía, hacía su ingreso al muelle de Sociedad Portuaria un gigantesco buque granelero (que desafiante no acató la orden cívica de cese de actividades), se desataba en sus primeras horas el levantamiento social más importante del Pacífico colombiano en las últimas décadas. El Comité Central del Paro había ordenado en asamblea cívica de 89 organizaciones sociales, gremiales, de autoridades étnico – territoriales, organismos defensores de derechos humanos, el cese total de actividades y la concentración de la población en siete puntos de encuentro; la radio y la televisión comunitaria no cesaban de amplificar el llamado, pero nadie podía asegurar si la ciudadanía acataría la orden de paro.

Sin embargo, la primera respuesta en la Isla de Cascajal fue unánime, el comercio tradicional del centro de Buenaventura y el transporte marítimo y fluvial de buques de cabotaje, pesca, colectivo de pasajeros y de taxis en tierra, habían acatado la orden. Sobre las 6 am las comunidades campesinas se concentraron en la intersección del bajo Calima, en la vía Cabal Pombo y la Guardia Indígena tomaba posiciones ordenadas por la Asamblea Comunitaria, a la altura de la comunidad de La Delfina, en el viaducto de ingreso al complejo portuario de Aguadulce. En las primeras horas de la tarde del 15 de mayo, la población urbana se había volcado sobre las vías y la orden de concentrarse en 7 puntos de encuentro se había convertido en 50 concentraciones espontáneas y la ciudad y el puerto estallaron.

Durante 22 días el pueblo entero se volcó a la calle, aún después del intento violento de dispersar el Paro el viernes 19 de mayo, en el que la fiesta callejera de rayuela y chirimía, en que se había convertido Buenaventura fuera atacada de forma masiva a las 2 pm por más de mil hombres de la Policía Nacional, en un operativo conjunto del ESMAD, la Sijin, el GOES y Policía uniformada que arremetieron con gases, tanquetas, bombas de aturdimiento, perdigones y presuntas armas de fuego y la orden de dispersar a cualquier costo a más de 15 mil personas que se encontraban en las vías de Buenaventura, a la altura del puente del Piñal. A las 6 pm del 19 de mayo, la autopista Simón Bolívar era un caos en el que en medio de la refriega a piedra, candela y gas, miles de ciudadanos de todas las edades y condiciones sociales, se resistían a abandonar la calle a pesar del ataque policial que cedió al caer la tarde en una auténtica asonada dirigida por encapuchados sin identificar que violentaron los grandes almacenes de superficie que fueron saqueados mientras la Policía se retiró de la escena, para no retornar sino hasta la media noche, luego del decreto tardío de toque de queda.

La respuesta espontánea de la población fue salir masivamente el sábado 20 de mayo al boulevard de Buenaventura a defender el llamado a Paro Cívico y el domingo 21 de mayo, en una auténtica primavera política, más de 100 mil personas marcharon desde la vía Simón Bolívar hasta el bajo Calima para obligar al gobierno nacional a sentarse a negociar.

¿Pero qué es lo que está en juego en Buenaventura y qué explica el levantamiento popular y la respuesta violenta del gobierno y el desconcierto de su Ministro del Interior entrante, Guillermo Rivera, que se negó a aceptar la declaratoria del estado de emergencia social, económica, cultural y ambiental en la ciudad?

Lo que emergió con claridad, tanto en las calles de Buenaventura como en la mesa de negociación entre el Comité de Paro y los delegados gubernamentales, fue el colapso social e institucional del modelo de privatización portuaria, que tras 23 años de su implementación a partir de la primera concesión el 1ro de enero de 1994 de Puertos de Colombia, convirtió a la bahía en un gigantesca plataforma privada en manos de transnacionales que operan las 7 concesiones portuarias que incluyen los puertos de TCBUEN, AGUADULCE, SOCIEDAD PORTUARIA, PUERTO SOLO. En un proceso diseñado por consultorías privadas y que pretende un modelo de desarrollo al 2050, que desde agencias especializadas como FINDETER y la propia Planeación Nacional se define como “MASTER PLAN” y las “NUEVAS CIUDADES” y que convierten a Buenaventura en una enorme operación logística y portuaria, con la infraestructura intermodal de transporte de mercancías requerida para 25 millones de toneladas, sin desarrollo industrial, salvo proyectos extractivos en minería intensiva en los ríos, zonas de comercio y servicios a escala internacional de conformidad con planes masivos de expulsión de la población local y repoblamiento de la nueva ciudad bajo la perspectiva estratégica de la Alianza comercial para el Pacífico.

Lo que emergió con claridad, tanto en las calles de Buenaventura como en la mesa de negociación entre el Comité de Paro y los delegados gubernamentales, fue el colapso social e institucional del modelo de privatización portuaria, que tras 23 años de su implementación a partir de la primera concesión el 1ro de enero de 1994 de Puertos de Colombia, convirtió a la bahía en una gigantesca plataforma privada en manos de transnacionales que operan las 7 concesiones portuarias

Un plan pro ciudad – puerto del capital que se concibe sin desarrollo social y sin consulta previa para un territorio habitado por más de 500 mil personas de origen afro descendiente e indígena, con arraigo y derechos sobre el territorio ancestral e impactando de forma directa bienes públicos y colectivos de las áreas de bajamar, zonas costeras, isla de Cascajal, canales de acceso al continente y el estero del Aguacate; interviniendo áreas pobladas y generando el desplazamiento directo de más de 25 mil personas, por la pobreza, la violencia y la falta de saneamiento básico y acceso a necesidades básicas insatisfechas. Lo cual se consolida bajo el espiral de terror en el Pacífico, que tan solo en Buenaventura ha dejado en el casco urbano más de 180 mil víctimas del conflicto armado en los últimos años.

Queda la tarea de implementar lo acordado, con lo cual un nuevo sujeto social resistente emerge con una perspectiva distinta en una Buenaventura en disputa, desafiando el modelo del capital a partir del plan de vida de las comunidades, que requieren de otro Pacifico, que también es posible y necesario

El 19 de febrero de 2014, bajo el liderazgo de Monseñor Héctor Epalza y Pastoral Social, 20 mil personas marcharon en respuesta a los niveles dramáticos de violencia y degradación de la vida humana a la que estaba siendo sometida la población bajo el control territorial de actores armados y grupos paramilitares, siendo esta marcha la primera gran señal que diera la población de autoafirmación en medio de la guerra urbana y el desplazamiento de su territorio. Lo cual se ratificó el pasado 10 de mayo de 2017, cuando el Comité de Paro Cívico de Buenaventura radicará ante el Presidente Santos el Pliego de Exigencias soportado por el trabajo social de decenas de organizaciones y más de 160 activistas que participaron en su redacción y que de forma organizada dejaron sentado su reclamo por sus derechos a la vida y el territorio, a la salud, educación, agua potable, saneamiento básico, cultura, deporte, género, desarrollo económico, empleo digno, derechos laborales, acceso a la justicia, derechos humanos y reparación integral.

Pliego que tras 22 días de paro se convirtió en un verdadero plan de desarrollo a escala humana, con enfoque diferencial, desde la diversidad y la pluralidad de orígenes étnicos, sociales y culturales y que fuera incorporado en las actas de acuerdo firmadas entre las partes en la mañana del 6 de junio de 2017. Queda la tarea de implementar lo acordado, con lo cual un nuevo sujeto social resistente emerge con una perspectiva distinta en una Buenaventura en disputa, desafiando el modelo del capital a partir del plan de vida de las comunidades, que requieren de otro Pacifico, que también es posible y necesario.