El pasado sábado 4 de marzo se llevó a cabo, en las instalaciones del Concejo Municipal de Cali, la audiencia pública sobre el proyecto de ley que busca cambiar el Artículo 49 de la Constitución, el cual apuesta por la regulación del cannabis para uso adulto, su venta, producción y distribución. En dicho espacio se manifestaron diferentes perspectivas sobre el proyecto de ley que, respaldado por el partido de gobierno, parece encaminarse hacia su aprobación definitiva.

Por: Víctor Morrón 

Una de esas perspectivas fue la de Edwin Calderón, profesional en Estudios Políticos de la Universidad del Valle, quien advirtió la posibilidad de que el proyecto convierta el consumo en una práctica elitista debido a los costes de producción del cannabis. Asimismo, planteó preguntas alrededor de cómo hacer para que la venta regulada compita con el microtráfico.

Otra intervención que llamó la atención fue la de Daniela Salazar, empresaria e integrante de la Mesa Cannábica de Cali, quien manifestó la necesidad de un enfoque en las personas; es decir, reconocer al consumidor como miembro de una población con diferentes tipos de consumo, entre los que se destacan su uso medicinal y recreativo para aliviar enfermedades como la depresión o la ansiedad. Lo anterior debe ser tenido en cuenta en un contexto que sitúa a Cali como un centro de distribución y conflicto. 

Se señaló, además, la importancia de apostar, en dichos contextos, por la prevención y educación a menores sobre el consumo de sustancias, al igual que se exige poner fin a las multas, presos y despidos por consumo de cannabis.    

… se manifestó la necesidad de un enfoque en las personas; es decir, reconocer al consumidor como miembro de una población con diferentes tipos de consumo, entre los que se destacan su uso medicinal y recreativo para aliviar enfermedades como la depresión o la ansiedad.

Cabe señalar que Alejandro Ocampo, coautor del proyecto, expresó respecto a los puntos anteriores que el impuesto rondaría alrededor del 20% y que, si bien su precio sería mayor, no sería un incremento enorme en relación con otros países donde se aplican impuestos similares. Además, manifestó la intención del proyecto por eliminar las multas y presos innecesarios en un sistema penitenciario con problemas de hacinamiento.  Al igual que planea otorgar por lo menos el 35% de las licencias de venta a  familias campesinas, víctimas del conflicto armado e indígenas.  

Por el momento, el proyecto de ley va por el cuarto debate y aún faltan otros cuatro que se esperan realizar este año, por lo que la espera será, por lo menos, hasta comienzos del año 2024 para su implementación, de ser aprobado. Sin duda, el proyecto es prometedor para el consumidor marginalizado a un consumo clandestino y para las familias campesinas e indígenas productoras de cannabis.