El pasado 18 de marzo se realizó en el auditorio CREE de la Universidad del Valle el foro Contrastes entre el 26 de febrero de 1971 y el Estallido Social de 2021, donde salieron a relucir testimonios que dieron cuenta de la represión histórica y permanente que han sufrido quienes reclaman sus derechos. En un ejercicio de memoria, seis invitados contaron sus experiencias como manifestantes.

Por: Sofia Londoño Galeano
Comunicadora social y periodista
Estudiante de Licenciatura en Lenguas Extranjeras, Univalle

El evento comenzó con un sentido homenaje a José Alberto Tejada, periodista del Canal 2 y figura clave del estallido social del 2021. Tejada, que murió hace unas cuantas semanas debido a una grave enfermedad, contó incansablemente las historias, inquietudes y motivos de los manifestantes, de forma humana y respetuosa. Contrario a los medios de comunicación tradicionales, este periodista dejó una huella informativa importante que aún sigue vigente como modelo para el cubrimiento de hechos sin responder a intereses políticos o económicos.

El foro, convocado por la Facultad de Derecho y Ciencia Política, tenía como fin establecer un contraste entre la masacre del 26 de febrero de 1971 y el estallido social del 2021. En el primer evento fue asesinado el estudiante Édgar Mejía Vargas y, al menos, otros 30 alumnos y civiles, en el marco de un movimiento estudiantil altamente organizado e influenciado por hechos sociales como la Revolución Cubana y la Guerra de Vietnam. El rector de la Universidad del Valle de la época, Alfonso Ocampo Londoño, eligió ilegítimamente al decano de la división de Ciencias Sociales y Económicas, y fue así como empezó la huelga estudiantil que desembocó en represión, muertes perpetradas por la Policía y el Ejército Nacional, y un Estado de Sitio nacional. Según Vicky Donneys, trabajadora Social y líder del movimiento estudiantil de 1971, la Universidad del Valle tiene una tradición de lucha que ha permanecido a través de la evolución de la misma, donde nuevas generaciones toman la batuta de la reivindicación de los derechos.

Este espacio sirvió para exponer historias desgarradoras de lideresas que vivieron hasta muy recientemente, las consecuencias de ser parte de las primeras líneas. Ejemplo de esto es el caso de Carolina Montaño, una enfermera que hizo parte de la resistencia del Paso El Aguante, nombre con que se rebautizó al Paso El Comercio durante esta época. Montaño contó cómo fue víctima de falsos positivos, persecuciones y amenazas instigadas por el supuesto de que había dado la orden de matar a un policía. Carolina, que asistía a los heridos de la Primera Línea, fue condenada y encarcelada. Similarmente, Karina Reyes, maestra de primera infancia y líder del punto de resistencia La Y en Bugalagrande, fue liberada después de un año y medio de detención preventiva en calidad de prisionera política. Es así como queda claro que la violencia policial no se limita a hechos físicos, sino que puede transferirse al robo de la libertad. Como el caso de estas dos mujeres, Alberto Bejarano, abogado de derechos humanos que acompañó el proceso legal de Montaño, aseguró que se encontraron al menos 300 casos de falsos positivos judiciales durante la época del estallido social.

El hecho de contar con espacios para hablar de las secuelas del Paro Nacional dos años después, nos ayuda a resignificar las experiencias y darles un sentido dentro del panorama actual. Está claro que estos antecedentes de lucha todavía cargan consecuencias palpables hoy en día, y que sin importar cuánto tiempo pase, la oportunidad de poner en común experiencias, hace que transitar el trauma colectivo sea ―de alguna extraña forma― más fácil.

Bejarano habló de la dimensión de la capacidad que el Estado colombiano tiene para ejercer violencias de todo tipo. Así mismo, se refirió a la convicción generalizada de que la fuerza pública puede actuar fuera de la ley y sin responder ante ella. Habló de la violencia focalizada en las mujeres y del deseo de la Fiscalía por destruir el movimiento juvenil, colocando en categoría de enemigo a quienes fuesen activistas. Ese fue el caso de Karol, otra integrante del panel que hizo parte del punto de resistencia La Glorieta de Siloé. Karol contó cómo después de ser detenida el 3 de mayo en un acto simbólico por la muerte de Nicolás Guerrero a manos del ESMAD, empezó a ser interceptada. Cuenta que en su chat de Whatsapp aparecía la fotografía de otra persona, que estaba haciéndose pasar por ella ante sus contactos, entre otros hechos que la hacían temer por su vida y la de su familia.

Donneys enfatizó en la importante presencia que han tenido las mujeres históricamente en tiempos de lucha, donde han tomado roles protagónicos como los descritos anteriormente. Estas mujeres han sido víctimas permanentes del Estado a través de una violencia machista. Y es que no es secreto alguno que han sido el blanco con el objetivo de desestabilizar familias, grupos y procesos.

Aunque el objetivo del foro haya sido establecer contrastes entre dos fechas clave de estallido social y estudiantil, lo más valioso de la jornada fue el ejercicio de memoria que se realizó. El hecho de contar con espacios para hablar de las secuelas del Paro Nacional dos años después, nos ayuda a resignificar las experiencias y darles un sentido dentro del panorama actual. Está claro que estos antecedentes de lucha todavía cargan consecuencias palpables hoy en día, y que sin importar cuánto tiempo pase, la oportunidad de poner en común experiencias, hace que transitar el trauma colectivo sea ―de alguna extraña forma― más fácil. Porque, al fin y al cabo, nuestra fuerza de lucha también radica en el hecho de no permitir que se borre la memoria colectiva, de rememorar una y otra vez para reconocer a quienes fueron abatidos y generar conciencia a las próximas generaciones de manifestantes.