Por: Julio César Pino Agudelo
Estudiante de Lic. En Literatura

Problemas de legitimidad en la justicia transicional en Colombia. Facultad de juicio instituyente y ley de verdad
Juan Carlos Quintero Calvache
Universidad del Valle, 2016 113 páginas

¿Por qué obedecer al poder político? La legitimidad, tema viejo y fecundo, ha dinamizado por siglos la filosofía política. En un país donde los representantes del pueblo legislan contra sus representados, la pregunta es vigente y Juan Carlos Quintero Calvache lo sabe. Como a muchos filósofos, no le basta esa legitimidad que brota de la legalidad, por lo que busca un fundamento moral que no encuentra en la concepción positivista del derecho que rige en la actualidad.

El capítulo 1 se titula “Los problemas de la confusión legalidad – legitimidad”. En este capítulo Quintero desmantela el concepto positivista weberiano de legitimidad en el que una ley es legítima porque es legal, para mostrar sus limitaciones a la luz de lo que proponen Pierre Bourdieu y Carl Friedrich. Descartado el fundamento legalista, lo busca en Habermas y su fundamento consensual de la legitimidad, pero concluye con Poulain que retorna a los formalismos legalistas weberianos, encubiertos bajo la racionalidad de un consenso impuesto por unas minorías dominantes a unas mayorías que terminan anuladas por un procedimiento legal: el derecho queda disuelto en la política.

El capítulo 2 se titula “Los efectos de la performatividad de la ley que funda su legitimidad en la legalidad de los procedimientos legislativos”. En este apartado expone los inconvenientes de la Ley de Justicia y Paz al sustentar su legitimidad por la legalidad: ausencia de reconocimiento de las víctimas en la ley y anulación de la dignidad humana en términos de Kant y Luhmann.

El capítulo 3 se titula “Legitimidad a partir del poder instituyente: límites de la validez en la ley de justicia y paz”. Aquí se muestra el problema que representa para la transición de la guerra a la reconciliación, la aporía legalista en la que se encuentra la legitimidad de la Ley de Justicia y Paz, la cual se evidenció en el capítulo 1. Se ofrece una salida a esa aporía con la concepción de facultad de juicio instituyente que plantea Jacques Poulain en su Ley de verdad, base para el ejercicio de la facultad instituyente en la reformulación de los instrumentos de justicia transicional instituidos en dicha ley.