Entre amenazas y el recrudecimiento de la violencia por mafias y grupos armados que tienen control sobre los barrios más pobres, el movimiento estudiantil bonaverense se erige como la contraparte que intenta reivindicar los derechos de los niños y adolescentes del puerto.

Por: Sofía Londoño Galeano
Comunicadora social y periodista
Estudiante de Licenciatura en Lenguas Extranjeras, Univalle

Bajo el marco del recrudecimiento de la violencia en los barrios de bajamar, los estudiantes de las instituciones públicas del Distrito de Buenaventura se tomaron las calles y emprendieron una lucha que por años ha sido pospuesta: su derecho a recibir una alimentación de calidad para asegurar las condiciones de un buen aprendizaje.

Aunque el paro estudiantil comenzó el 15 de mayo, desde la oficina del representante a la Cámara por el departamento del Valle del Cauca, Jorge Ocampo, se envió una solicitud de seguimiento del estado de las instituciones educativas de Buenaventura a la Contraloría General de la Nación. En esta petición se recopilaron fotografías de colegios como la Institución Educativa Teófilo Roberto Potes, la Institución Educativa Vasco Núñez de Balboa, entre otras. Las imágenes son desesperanzadoras. Escuelas que hoy se sostienen en paredes de moho, techos en mal estado, espacios con goteras e inundaciones, y falta de personal para el aseo y mantenimiento de las mismas. Naomi Payán Olave, estudiante de la Institución Educativa Vasco Núñez de Balboa, comenta que los planteles “llevan ya más de 50 años con la misma infraestructura y no se busca remodelarla. Ya estamos cansados del peligro de no saber si a un estudiante le va a caer una pared encima. Queremos unas instituciones dignas”. Juan David Ortíz, personero del mismo establecimiento, añade que “en Buenaventura hay 42 instituciones públicas, y de estas 42, todas están mal en infraestructura, todas están caídas. Nosotros no podemos estudiar en una institución donde no haya aseadora, no haya agua, no haya alimento, y hasta tenemos que estudiar con sombrillas encima de las cabezas”.

Teniendo este eterno precedente como base de la experiencia escolar diaria, los alumnos decidieron tomarse las calles y empezar un proceso de representación que les permitiera dialogar con la Secretaría de Educación y demás entes, cuyas funciones es ser garantes de los procesos educativos. Los personeros se organizaron y tuvieron como principal bandera de lucha la resolución a la problemática del Programa de Alimentación Escolar (PAE), que tiene como objetivo asegurar la permanencia y prevenir la deserción escolar a través del complemento alimentario. Sin embargo, esto nunca se ha cumplido en el distrito bonaverense. Escuelas sin lugares aptos o salubres para la preparación de alimentos, restricción del paso para los camiones que transportan la comida como forma de extorsión, y al final de la línea intermediaria, niños, niñas y adolescentes privados en muchos casos de la única comida que reciben al día.

Los jóvenes bonaverenses lograron lo que quizás en otros gobiernos pudo haber sido impensable: conseguir la participación de la ministra de Educación, Aurora Vergara Figueroa, en la mesa de negociación. Gracias a los casi 10 días de paro y la valentía de los estudiantes del sector oficial, se pactó con el Ministerio de Educación Nacional la liberación de 3.500 millones de pesos en recursos y su aumento en un 13.5 % para que la Secretaría cuente con un presupuesto de maniobrabilidad frente a situaciones de crisis.

La violencia se hizo palpable el 20 de mayo, cuando se conocieron las primeras intimidaciones a líderes de la protesta. La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (FECODE) emitió un comunicado en el que denunciaba las amenazas contra Juan David Díaz, personero estudiantil de la Institución Educativa Néstor Urbano Tenorio. Precisamente, la situación de violencia generalizada y el asesinato continuo a jóvenes levantó las alertas de las comunidades educativas, que tal como se consagra en el documento, manifiestan que estos hechos se llevan a cabo “de manera común y reiterada”.

En el panfleto de amenaza, se instaba a Díaz a no opinar públicamente en medios de comunicación sobre el PAE y advertía que tenían identificados sus lugares recurrentes y personas cercanas. Esta forma de silenciamiento por parte de las mafias que se lucran a costa del bienestar de los estudiantes es alarmante; especialmente, la amenaza directa a un joven de nivel escolar, lo que demuestra que el respeto a la vida es inexistente. Cabe entonces cuestionar a la Secretaría de Educación y a la propia Alcaldía Distrital en torno a la garantía mínima a la vida que debe haber para poder acceder al aprendizaje en el aula.

Los jóvenes bonaverenses lograron lo que quizás en otros gobiernos pudo haber sido impensable: conseguir la participación de la ministra de Educación, Aurora Vergara Figueroa, en la mesa de negociación. Gracias a los casi 10 días de paro y la valentía de los estudiantes del sector oficial, se pactó con el Ministerio de Educación Nacional la liberación de 3.500 millones de pesos en recursos y su aumento en un 13.5 % para que la Secretaría cuente con un presupuesto de maniobrabilidad frente a situaciones de crisis. Adicionalmente, se consiguió la realización de una mesa pública el 13 de junio para tratar la problemática del PAE, y en infraestructura se llevará a cabo un plan de contingencia para atender las urgencias físicas y estructurales de los planteles.

Por ahora, los estudiantes vuelven progresivamente a clase mientras esperan el cumplimiento de los acuerdos. Aunque se rehúsan a detener el paro, que sigue siendo su principal mecanismo de presión, reconocen la buena voluntad de la ministra y el deseo compartido de darle solución a la coyuntura. “Uno de los aspectos positivos es que los personeros y contralores de las instituciones se convirtieron en líderes sociales”, recalca Payán. Esto deja entrever un despertar social desde tempranas edades.

Lo cierto es que el abandono estatal histórico ha reforzado la precariedad de esta ciudad, que solo alimenta el ciclo interminable de pobreza. Los niños no comen en sus casas por falta de recursos; llegan al colegio a “aprender” con los estómagos vacíos durante toda la jornada, precisamente porque en los planteles no hay comida o condiciones para prepararla. La situación educativa, que es ya de por sí preocupante, se vuelve inasequible cuando los refrigerios no se garantizan. Mitigar la pobreza no es solo cuestión de arrojar recursos sin veeduría, como pasa en Buenaventura, sino asegurarse de que los mismos cumplan con el objetivo social para el que se destinaron.