El macroproyecto Plan Jarillón del Río Cauca se concibe con la idea de reubicar a casi treinta mil personas, con el argumento de proteger a la ciudad ante un riesgo potencial, como lo es la fractura del dique que contiene las aguas del caudaloso afluente. Sin embargo, éste ha sido un proceso acompañado de abusos por parte de las autoridades municipales ante una comunidad que no renuncia a la lucha por su territorio

Por: Crhistian Camilo Villa
Est. de Lic. En Historia y Sociología
Clara Inés González Libreros
Estudiante de Lic. en Literatura

¿Y si me voy, qué hago? El proceso de reubicación de las familias asentadas a lo largo del Jarillón del Río Cauca se viene dando de manera irregular, según manifiestan varios de los habitantes que viven en sus predios, y con los cuales tuvimos la oportunidad de conversar. No existe un censo real que evidencie el número de personas que viven y/o dependen de las actividades económicas que se desarrollan en este lugar. Por otro lado, se han venido otorgando viviendas en urbanizaciones como Llano Verde, Somos Pacífico-Potrero Grande y otros sectores, donde, en muchos de los casos, fueron otorgadas a personas que nunca han vivido en el jarillón, según manifiestan varios de los vecinos, quienes viven en sectores como Venecia-Las Vegas o la Playa Renaciente, donde se encuentran organizadas bajo asociaciones de defensa de su territorio ante el proceso de desahucio que se está cometiendo con ellos.

En vista de la inexistencia de estudios reales, y a profundidad, sobre las posibles causas y consecuencias de una ruptura del jarillón, otros podrían ser los motivos que impulsan a las autoridades municipales para que se lleve a cabo el proceso de reubicación, como la propuesta de construir un malecón turístico en una zona habitada por decenas de miles de personas.

La oposición al proceso de reubicación se debe básicamente a las condiciones que brinda la administración municipal, la cual busca que muchos de los habitantes de la zona del Jarillón abandonen las unidades productivas, bajo las cuales trabajan no solo sus familias, sino vecinos y empleados. Las soluciones de vivienda de interés social, que propone la reubicación, son espacios en los que no pueden emplearse, conllevando a que muchos regresen a las zonas de donde han sido reubicados o que ni siquiera contemplen esta posibilidad de aceptar marcharse.

Durante las visitas realizadas a comunidades como la Playa Renaciente o Las Vegas-Venecia, en el noreste de la ciudad, manifestaron que este es un proceso en el cual el exceso de la violencia física estatal, por parte de la fuerza pública, ha sido frecuente; por ejemplo, líderes y lideresas, como Jacqueline Ariza, vienen denunciando la presencia de persecuciones, amenazas, acosos, allanamientos, desolación, estrés y hasta muertos, en el proyecto de reubicación, donde no existe un acuerdo real con las comunidades por parte de las autoridades municipales. Para colmo de males, algunos sectores de la opinión pública se han enfocado en una especie de “campaña de desprestigio”, favoreciendo el proceso de reubicación y aumentando el estigma que existe sobre los habitantes de esta franja de la ciudad.

Muchos habitantes del Jarillón no son invasores, todo lo contrario, llegaron cuando Cali era una villa con ínfulas de ser una ciudad, cuando sus vecinos no eran barrios sino lagunas, han trabajado arduamente durante años para conseguir lo que tienen, algunos han llegado a obtener contratos de arrendamiento y hasta escrituras públicas de propiedad

Pero ahora somos invasores. Sobre el Jarillón se asientan no solo decenas de miles de familias sino grandes unidades productivas con un considerable número de trabajadores, tanto en el campo de lo agropecuario como el de la manufactura. En esa región es común ver vastos predios, galpones o fincas con cientos de animales destinados a la actividad pecuaria; además, es una zona potencial en cuanto a la gestión de espacios sostenibles y la recuperación de residuos sólidos, ya que en la misma existen varias medianas empresas que se dedican a la reutilización de plástico, vidrio, papel y otros. Seguir con el proceso de reubicación de la manera como se está llevando es afectar a un aproximado de treinta mil personas, desplazándolas a zonas bajo condiciones en las cuales no pueden subsistir de la misma manera que lo hacen en la actualidad, y menos cuando la administración municipal no ofrece las garantías mínimas para un traslado digno.

Muchos habitantes del Jarillón no son invasores; todo lo contrario, llegaron cuando Cali era una villa con ínfulas de ser una ciudad, cuando sus vecinos no eran barrios sino lagunas; han trabajado arduamente durante años para conseguir lo que tienen, algunos han llegado a obtener contratos de arrendamiento y hasta escrituras públicas de propiedad, pero actualmente, para este proceso de reubicación, son documentos no válidos, descontextualizados y simplemente no se les reconoce. Dicho de otro modo, es como si años de trabajo duro, conquistas y sacrificio para conseguir unas condiciones de vida digna y decente valieran treinta metros cuadrados de ladrillo barato y suelo gris.

Nos sepultaron hasta los uniformes de los niños. Algunos habitantes manifiestan que viven en condiciones de zozobra, otros viven a la intemperie, donde lo único que tienen para cubrir sus cabezas es algún tipo de cambuche improvisado, todo esto gracias a que la única solución real que les brindan las autoridades municipales es la violencia física indiscriminada de la fuerza pública. Aunque muchas ONG, fundaciones, organizaciones y otros han denunciado las arbitrariedades del proceso de reubicación, o desahucio, esas voces no han tenido mayor incidencia en el modo de proceder de quienes lideran el infame, desafortunado e injusto proceso.

La desinformación, el desorden y la violencia priman por parte de la administración actual; por otro lado, desde el Jarillón se clama apelando al respeto de los derechos humanos, al trabajo, a la dignidad o que por lo menos se les respete la vida y la integridad física, pero, al parecer, no se les presta atención y esto llega a tener poca importancia.

No existe un censo real que evidencie el número de personas que viven y/o dependen de las actividades económicas que se desarrollan en este lugar. Por otro lado, se han venido otorgando viviendas en urbanizaciones como Llano Verde, Somos Pacífico-Potrero Grande y otros sectores, donde, en muchos de los casos, fueron otorgadas a personas que nunca han vivido en el Jarillón

La lucha continúa, y con todo, la única opción para los habitantes sobre el dique es seguir con su cotidianidad; a pesar del estado de zozobra al que han sido sometidos, deben subsistir en medio de las particularidades que les ofrecen las condiciones del medio: insalubridad, ausencia estatal, deficiencia de servicios públicos, delincuencia común, microtráfico, entre otros.

En definitiva, lo más irónico de la situación es la postura de una ciudad que, ante este proceso de desahucio, aflicción y condena, da la espalda, como si nada estuviera pasando, sin pensar que su indiferencia promueve que estos actos se lleven con la mayor rapidez posible, siendo cómplices de lo que se puede considerar como un acto más de abandono y desamparo que esta comunidad puede llegar a cometer a lo largo de su historia.

Sobre el Plan Jarillón:

• El macroproyecto Plan Jarillón inició en el 2012 buscando la reubicación de 7.852 familias de las cuales, a noviembre de 2015, supuestamente se han reasentado 1.800, según datos de la alcaldía.
• Hasta el 2015 se invirtieron $964 mil millones —casi un billón de pesos— financiados por el gobierno nacional a través del Fondo de Adaptación, la Alcaldía de Santiago de Cali, Emcali y la CVC.
• El Plan Jarillón es una de las prioridades del alcalde electo, el cual ha manifestado: «Este es el reto más importante para mí, culminar el traslado y el arreglo del Jarillón […] Se va a resolver ese problema porque Cali no puede seguir sometida al riesgo de una inundación, que sería peor que lo de Armero».
• El argumento de la Alcaldía es que si no se recupera el Jarillón podría ocurrir una tragedia ocasionando daños económicos, infraestructurales y ambientales, resultando más de novecientos mil caleños damnificados y aproximadamente un millón setecientos cincuenta mil personas se quedarían sin agua potable.
• La Alcaldía a lo largo del proceso de ejecución del Plan Jarillón ofreció, hasta el momento y supuestamente, jornadas de salud y vacunación, programas de educación, arte, recreación y emprendimiento. También capacitaciones en convivencia, liderazgo, derechos humanos y tolerancia.