Por: Fernando Guerra Rincón.
Economista, magister en Estudios Políticos de la Universidad del Norte, profesor universitario

Cansados del olvido centenario de los distintos gobiernos nacionales y departamentales y de sus elites, de los acumulados históricos de los problemas agudizados por las múltiples promesas incumplidas que perturban en forma grave el orden económico, social y ecológico del entorno que la distribución del gasto público social del Estado en todas sus instancias no logra conjurar, de la rapacidad y precariedad de la dirigencia política del puerto; los pacíficos y amables habitantes del puerto bello de mar se levantaron indignados, entre el 16 de mayo y el 6 de junio del año pasado, en un Paro Cívico que acaparó la atención nacional y puso el foco del país sobre los ingentes problemas de atraso y pobreza de todo el litoral Pacífico colombiano.

El Paro fue magistralmente conducido por una pléyade de nuevos dirigentes que lograron concitar, en torno a la consigna “Para vivir con dignidad y paz en el territorio” el respaldo de la inmensa mayoría de la población y de sus principales organizaciones económicas, cívicas, sociales, religiosas, 119 en total, que soportaron y gestionaron de manera correcta los sabotajes que pretendieron abortarlo y una dura represión gubernamental.

Ante la magnitud, justeza y seriedad de la protesta y sus implicaciones económicas en el principal puerto del país sobre el mar de Balboa, el Gobierno Nacional se vio obligado a negociar y tras intensas jornadas de trabajo se levantó el alzamiento del que quizás haya sido el levantamiento popular más exitoso de la historia de Colombia en lo que llevamos del siglo XXI. ¡Posibilidades que propicia la paz!

Como resultado del Acuerdo del 6 de junio, cuyo punto nodal fue “la elaboración de un proyecto de Ley que contendrá un plan de desarrollo local especial a 10 años para el Distrito de Buenaventura cuyos proyectos, programas e iniciativas serán financiados a través de un patrimonio autónomo”, el 15 de diciembre del año pasado, el presidente Juan Manuel Santos, honrando la palabra del gobierno, sancionó en el Puerto la Ley 1872 de 2017, que concretó el Acuerdo y creó el “Fondo para el Desarrollo integral del Distrito Especial de Buenaventura”, FONBUENVENTURA.

Dicho Fondo y sus realizaciones estarán orientadas a convertir a Buenaventura en un territorio en el que se “garanticen plenamente condiciones de bienestar y progreso en materia social, económica, institucional y ambiental para sus pobladores urbanos y rurales”, con recursos por 1.6 billones de pesos para ejecutar en 10 años, en obras que le habían sido esquilmadas a lo largo del tiempo, en medio de un puerto generador de inmensas riquezas que por su condición geoestratégica en la Cuenca del Pacífico es una de las principales arterias de la economía del país, por donde se mueven importantes volúmenes de carga que le generan significativos ingresos al fisco nacional. Buenaventura y su puerto le aportan al país la tercera parte de sus ingresos por aduanas, superando a Bogotá que tiene 20 veces su fuerza laboral, presupuesto local y compensaciones por parte del gobierno central.

Condiciones y aportes que, sin embargo, no han servido para propiciar un desarrollo con inclusión y equidad y en donde se incubó un modelo perverso de economía que ha devenido en lo que se ha llamado, con razón, un puerto sin comunidad, solo funcional a los intereses de los grandes negocios. Se necesitó de un Paro Cívico para que el Gobierno Central reconociera esta realidad y la injusta retribución a Buenaventura. Esta injusticia redistributiva habla mal del proceso de descentralización en Colombia que debe ser revisado en aras de una mayor convergencia entre el centro y la periferia del país y un desarrollo más armónico de los territorios.

Se trata, dice la exposición de motivos de la Ley, “de superar el permanente estado de emergencia, de una cura urgente de un Pueblo que no tiene operando el único hospital público de segundo nivel de complejidad; que sus servicios de acueducto, alcantarillado y aseo son precarios; la educación no libera a la población de las trampas de pobreza; que a falta de oferta legal, encuentra opciones para percibir ingresos en la mendicidad, la prostitución y el delito, en perjuicio de nuestros jóvenes preferentemente (duele, duele mucho, judicializar y sepultar a nuestros jóvenes, víctimas y victimarios, idiotas útiles enfrentados en un el conflicto armado de La Patria Boba.”

FONBUENAVENTURA es la primera piedra para quebrar esa injusta situación social y propiciar y garantizar el desarrollo económico y social de Buenaventura. Es el instrumento para dotarla de una infraestructura a la altura de una ciudad que responda a las exigencias de su ubicación estratégica, ventana por donde el país mira hacia las grandes economías asiáticas y capital de la Alianza para el Pacífico, conglomerado donde tenemos los peores indicadores de competitividad.

Buenaventura debe aprovechar esta coyuntura excepcional. Además de cerrar la honda brecha de desigualdad que descose su tejido social, tiene que superar su caos urbano. De no hacerlo, la terminará inhabilitando en el juego global de los negocios y no podrá sacar partida de su ubicación privilegiada. Perderá Buenaventura y también el país. Las grandes inversiones no fluyen hoy hacia ciudades no sostenibles que acaban afectando el rumbo normal de las actividades productivas y logísticas. El mejor ejemplo de ello es que el Paro Cívico, que duró 22 días, puso en vilo el comercio exterior del país e inutilizó el puerto.

La Ley 1872 es la refrendación de la victoria de ese justo reclamo popular del pueblo de Buenaventura y de su Dirigencia Cívica. Las obras contempladas en la Ley constituyen prácticamente un Plan de Desarrollo. Los objetivos planteados son más de lo que han conseguido las distintas gobernaciones del Valle y las Alcaldías del municipio a lo largo del tiempo. Pero es solo la primera batalla. Dada la debilidad institucional de Buenaventura, la Ley contempla que el Fondo debe manejarse por una Junta Directiva independiente, con un patrimonio autónomo donde la Dirección del Paro tiene una importante participación, como que cinco de sus miembros harán parte de esa Junta directiva y contará con representación de las autoridades y comunidades negras e indígenas.

El Fondo tendrá un Director Ejecutivo y la presencia obligada, indelegable y permanente del gobernador(a) del departamento y el alcalde o alcaldesa de Buenaventura. Justo es reconocer en el logro del Acuerdo la participación de la Gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro y del Alcalde de Buenaventura, Eliecer Arboleda Torres, así como el diligente concurso de los garantes del Acuerdo, los senadores Alexander López y Edison Delgado.

Los dirigentes del Paro Cívico, por el éxito de su gestión, que hicieron renacer las esperanzas casi perdidas de las gentes del puerto en un futuro mejor, se ganaron el derecho a librar, seguramente, una batalla más complicada, en el entorno socio económico de Buenaventura, que el haber enfrentado al Gobierno Nacional y al ESMAD: el relevo de su desprestigiada dirigencia política.

Sin duda, las retribuciones que ha hecho históricamente el Gobierno Central al puerto son insuficientes, pero es innegable que muchos de esos dineros se quedaron en los tupidos meandros de la corrupción en la ciudad. Todas las obras inconclusas, la falta de acueducto y alcantarillado, el déficit crónico de vivienda, las vías por hacerse, la escasa interconectividad del puerto con su zona rural, las insuficiencias en la infraestructura de salud y educación, el abandono del deporte y la cultura en una tierra fértil para esas expresiones de la actividad humana que promueven la movilidad social, hablan mal, muy mal de quienes han dirigido los destinos políticos de Buenaventura.

El Paro Cívico adelantado por el Comité “Para vivir con dignidad y paz en el territorio” sin duda tenía como blanco el abandono del gobierno nacional pero también estaba dirigido contra esa aberrante situación de pobreza, miseria y falta de oportunidades de las gentes del puerto agudizadas y propiciadas por el reinado casi impune de la corrupción en sus instancias institucionales.

El presbítero John Reina Ramírez, Víctor Vidal Piedrahita, Narcilio Rosero, Judith Segura y todos los miembros del Comité Cívico están ante una tarea y un desafío mayúsculo. Si esa batalla no se libra y no se destierra de la práctica política en el puerto la costumbre inveterada e ilegal de apoderarse de los dineros públicos, esta victoria histórica del Paro quedaría inconclusa. Los tiempos son propicios: 1. La dirigencia del Paro Cívico es muy calificada, tiene ganas de transformar la realidad y hacer historia. El sector privado de la ciudad debe involucrarse en este proceso transformador y es un aliado natural. 2. El país está hastiado de la corrupción. Llegó la hora de Buenaventura.