El pasado 7 de mayo, se llevó a cabo el Foro Nacional Nueva Ley de Educación, realizado por la Universidad del Valle como acto de lanzamiento de su Plan Estratégico de Desarrollo 2025 – 2035. En el evento se discutieron los principales desafíos que enfrenta la educación superior en Colombia, tales como la financiación, la pertinencia y calidad de la oferta, la ampliación y consolidación de la gobernanza del sistema de educación superior, el fortalecimiento del bienestar universitario y la dignificación de la profesión docente.

Por: Redacción La Palabra

El evento contó con la participación de la asesora del Viceministerio de Educación Superior, la profesora Mireya González Lara; el rector de la Universidad del Valle, profesor Guillermo Murillo Vargas; el decano de la Facultad de Educación y Pedagogía, profesor Javier Fayad Sierra; la representante del estamento profesoral ante el Consejo Superior de Univalle, profesora Leonor Cuéllar Gómez, y la representante del estamento estudiantil ante el Consejo Superior de Univalle, Laura Isabel Vera Zapata.

El foro buscaba aportar propuestas que nutran la política nacional educativa que promueve el Gobierno del presidente Gustavo Petro, cuyo proyecto de ley será presentado en los próximos días, así como inaugurar el proceso de participación de la construcción del Plan Estratégico de Desarrollo (PED) 2025 – 2035 de la Universidad del Valle, el cual tiene una visión de futuro al año 2045.

1. Avanzar en la financiación

El primer desafío, casi que neurálgico y siempre presente históricamente, es la financiación. Al respecto, la asesora del Viceministerio de Educación Superior, Mireya González Lara, planteó cuatro retos en cuanto a este tema: la distribución de los limitados recursos entre las instituciones de educación universitaria en todos los niveles —técnico, tecnológico y superior —; crear una nueva institucionalidad que garantice educación superior para los sectores rurales dispersos; generar indicadores que permitan ajustar la financiación a los ciclos de la economía nacional e internacional, y pensar en la financiación de universidades privadas y del sector solidario. “Este asunto de la financiación no es menor, entre otras cosas porque, por supuesto, los recursos son limitados. Entonces, necesitamos miradas muy inteligentes, pero, igualmente, viables, de lo que tenemos como financiación en el país. Hemos dado pasos, poco a poco”, afirmó González.

Por su parte, el rector de la Universidad del Valle, Guillermo Murillo Vargas, señaló que, si bien el sistema de educación en Colombia ha avanzado en la última década en el tema de financiación, no es suficiente. Asimismo, planteó que la sostenibilidad es fundamental, pues es un prerrequisito de la financiación. “En Colombia hay cerca de 304 instituciones de educación superior, y cada vez hay más requerimientos de financiación”, afirmó Murillo.

Laura Isabel Vera Zapata, representante del estamento estudiantil ante el Consejo Superior de Univalle, manifestó su preocupación con respecto a que la educación ya no sea concebida como un derecho y un servicio, sino como un derecho fundamental y un bien común. “Lo que nos preocupa de esto es que el Estado no solamente va a financiar las instituciones públicas (…), sino que también va a aportar a instituciones privadas. Nosotros queremos hacer un llamado sobre esto, porque ya bastante limitados son los recursos, como para que pensemos en repetir errores del pasado —con programas como Pilo Paga, por ejemplo —, que es llevar la plata de lo público a los sectores privados. ¿Si los sectores privados son tan eficientes como reza el neoliberalismo, para qué necesitan la plata del Estado? Las instituciones públicas han demostrado que tienen mucha más capacidad de cobertura y calidad. Esa lógica corporativista de la educación hay que combatirla, y soy muy clara en esto. No queremos que la poca plata de lo público se vaya para el sector privado”, afirmó Vera.

“Este asunto de la financiación no es menor, entre otras cosas porque, por supuesto, los recursos son limitados. Entonces, necesitamos miradas muy inteligentes, pero, igualmente, viables, de lo que tenemos como financiación en el país. Hemos dado pasos, poco a poco”, afirmó González.

Por último, el profesor Javier Fayad Sierra, decano de la Facultad de Educación y Pedagogía, señaló una enfermedad crónica de las universidades públicas: el déficit presupuestal. “Como universidad, tenemos un problema muy complicado: hemos crecido enormemente en lo académico y en lo investigativo, pero el presupuesto no ha crecido. Tenemos un déficit presupuestal muy grande”, afirmó Fayad.

2. Garantizar una oferta de educación superior amplia, pertinente y de calidad

El segundo desafío presenta más interrogantes que certezas. De acuerdo con Mireya González, la calidad es un concepto que debe resignificarse a la luz de la pertinencia, pues no hay calidad sin pertinencia. Ahora bien, en cuanto a los interrogantes alrededor de este tema, se plantearon sobre la mesa cuestiones como: ¿la calidad y pertinencia se deben garantizar a través de un sistema de aseguramiento o de acompañamiento?; ¿cuál sería el lugar del Ministerio de Educación, si se avanza en términos de mayor autonomía en las instituciones de alta calidad en relación con ese aseguramiento-acompañamiento de la calidad y pertinencia de la educación superior?; ¿esa mayor autonomía habría que cuidarla de ciertas alertas de corrupción que existen en el sector?; ¿ese sistema de aseguramiento se tendría que pensar en términos de comunidades académicas, por ejemplo?; ¿ese sistema de calidad y pertinencia se tendría que pensar en el marco de la ciencia, la tecnología y la innovación?

“Como universidad, tenemos un problema muy complicado: hemos crecido enormemente en lo académico y en lo investigativo, pero el presupuesto no ha crecido. Tenemos un déficit presupuestal muy grande”, afirmó Fayad.

3. Ampliar y consolidar la gobernanza del sistema de educación superior y de las IES

El tercer desafío fue el tema más recurrente y ampliamente discutido, cuyo eje fue el tema de la autonomía universitaria. Al respecto, Mireya González señaló que no solamente está en entredicho el esquema de gobernanza de las instituciones de educación superior, sino el sistema de educación superior mismo, especialmente en lo relacionado con todo el aparataje burocrático alrededor del sistema. Así pues, se plantean interrogantes en torno a si esta armazón burocrática se puede ensamblar mejor, reducir, ajustar o cambiar a través de un esquema de transición. En cuanto al tema específico de la autonomía universitaria, González reiteró que es transversal a los cinco desafíos planteados. Adicionalmente a ello, puso de manifiesto que, de acuerdo a los aportes a nivel nacional de los distintos actores consultados, no hay una tendencia que abogue por una democracia directa, pero sí por procesos más amplios, no solamente de participación y deliberación, sino de decisión también.

Por su parte, el rector Murillo manifestó que el tema de la autonomía debe estar presente en el articulado de la ley estatutaria. “Yo sé que la autonomía está presente de manera transversal, y sé que el Gobierno nacional lo hace de manera genuina, pero la autonomía hay que dejarla lo más expresa posible. Si con la autonomía, tal como está planteada, hemos tenido problemas, imagínense ustedes no contar en el articulado con un aparte expreso. Es una reflexión que creo que es importante tenerla presente”, afirmó el rector. En ese mismo sentido, Murillo planteó la necesidad de fortalecer la gobernanza universitaria, pues contribuye a la transparencia. “Yo participé en las elecciones para la Rectoría con las reglas que habían; pero si las reglas hubieran sido la elección directa, también hubiera participado, y en esto soy claro. Incluso, creo que esos ejercicios y esos espacios que dan toda la discusión a la reforma a la educación superior en el país, tiene que pasar por ahí de manera muy clara, porque representan nuevos retos, pero también nuevos riesgos. Y esa discusión en el Plan de Desarrollo la vamos a dar”, afirmó Murillo.

Frente a ello, la representante estudiantil Laura Isabel Vera expuso una posición muy crítica. En primer lugar, señaló que la discusión sobre la autonomía, si bien se da bajo una coyuntura específica por lo acontecido en la Universidad Nacional, no es nueva. “Pareciera que nos gusta hablar de autonomía solo cuando podemos usarla de manera leguleya; hablamos de autonomía solo para que actores externos en particular no intervengan, pero luego vemos la realidad de muchas universidades de Colombia, y nos damos cuenta de que, en efecto, sí hay una intromisión directa de sectores políticos bien específicos en las universidades y en la toma de decisiones. Las universidades, pues, no se rigen de manera autónoma”, afirmó Vera. Por otro lado, también criticó los alcances de la Ley 30, pues, según ella, no responde a las necesidades reales de las comunidades universitarias del país, pues los consejos superiores están conformados, en su mayoría, por representantes que son elegidos de manera burocrática y que obedecen a intereses ajenos a la comunidad universitaria. “La discusión sobre la autonomía debe ser mucho más rica, profunda, y debe permitirnos, sobre todo, cuestionar lo que está mal”, concluyó Vera.

“Yo sé que la autonomía está presente de manera transversal, y sé que el Gobierno nacional lo hace de manera genuina, pero la autonomía hay que dejarla lo más expresa posible. Si con la autonomía, tal como está planteada, hemos tenido problemas, imagínense ustedes no contar en el articulado con un aparte expreso. Es una reflexión que creo que es importante tenerla presente”, afirmó el rector.

Por su parte, la profesora Leonor Cuéllar Gómez manifestó la necesidad de resignificar la autonomía académica, administrativa y financiera de las universidades. Por otro lado, aclaró que, si bien es necesario modificar la forma como se designa o se elige rector, la democracia universitaria va mucho más allá de eso. “La democracia en una universidad se da por la creación de espacios y vasos comunicantes para deliberar, reflexionar e incidir en la toma de decisiones de manera específica. No es en la Rectoría, porque si lo vemos así, es simplemente avalar el modelo jerárquico encabezado por el rector y seguido por sus súbditos”, afirmó Cuéllar.

El profesor Javier Fayad afirmó que las concesiones hechas a los intereses económicos y la visión de la educación como negocio transformó radicalmente la posibilidad de autonomía universitaria en Colombia. “¿Por qué volvemos al debate? Porque cada día hay más interés en que los recursos de la educación pública se destinen al beneficio de sectores privados, y eso es parte, precisamente, de la discusión sobre la autonomía académica, en términos formativos y con respecto al modelo educativo que beneficia a la totalidad de la población y no al que tiene recursos en sus bolsillos”, concluyó Fayad.

4. Fortalecer el bienestar

El cuarto desafío es el tema del bienestar universitario, un componente fundamental que impacta en la permanencia de los y las estudiantes de las universidades, ya que les permite transitar de manera tranquila la vida universitaria. Al respecto, Mireya González resaltó la necesidad de ampliar el bienestar hacia los profesores, trabajadores y administrativos, así como lograr mejores articulaciones interinstitucionales e intersectoriales. “Para formar a un niño se necesita un pueblo, y para formar a un joven se necesita una sociedad que rodee a la universidad”, afirmó González.

“La discusión sobre la autonomía debe ser mucho más rica, profunda, y debe permitirnos, sobre todo, cuestionar lo que está mal”, concluyó Vera.

Por su parte, el rector Murillo propuso que se creara el Ministerio de Educación Superior, pues, según él, la educación superior pública se constituye en una especie de Estado por sí misma, esto debido a que las comunidades ven a las universidades como un componente fundamental del Estado en la resolución de diversas problemáticas, incluidas las relacionadas con el bienestar. “Creo que este país tiene la madurez suficiente, después de la Ley 30 y de la creación del Viceministerio de Educación Superior. Yo soy un convencido de que este país debería tener un Ministerio de Educación Superior, y no un Viceministerio, cuya creación, en su momento, estuvo bien. Creo que nosotros hemos llegado a una mayoría de edad por todos los temas que se reflejan aquí”, afirmó Murillo.

5. Dignificación de la profesión docente en términos de su lugar social y cultural

El último desafío, que tiene que ver con la dignificación de la profesión docente, giró en torno a la formalización de las plantas docentes. Al respecto, Mireya González agregó que, además de preguntarse qué significa esta formalización, hay que ir más allá, y planteó esta dignificación en términos de la investigación y su proyección social. “Una tendencia muy interesante en el proceso de sistematización era este tipo de afirmaciones: que la investigación no solamente sean los proyectos de doctorado de los profesores y las profesoras, y que la investigación no sea solamente las líneas de trabajo que, de manera sistemática y juiciosa, construyen los grupos de investigación. Hay una investigación de carácter estratégico que la universidad se tiene que jugar en los territorios, en los contextos, y que es muy importante saber cómo combinarlos”, afirmó González.

Por su parte, la profesora Leonor Cuéllar planteó dos premisas centrales para poder hablar de este desafío: en primer lugar, que debe haber unidad y coherencia desde el punto de vista de la construcción de la ley estatutaria y de la nueva ley de educación; y, en segundo lugar, que la relación biunívoca que hay en la prestación del servicio educativo ―docencia, investigación, proyección y extensión social con los estudiantes― no debe ser residual ni soslayada, sino que debe ser contundente, dándole la fuerza y la dimensión de lo que ello implica. “Si es cierto que hay una expresión de sensibilidad política frente a una problemática tan seria que incide en los procesos de calidad para la prestación de los diferentes servicios, es necesario decir, de manera contundente, que los derechos fundamentales a la educación, los elementos inherentes a la condición de trabajo digno y justo de los docentes, los principios básicos e irrenunciables de la relación laboral, como los son la estabilidad en el empleo, la igualdad, la remuneración mínima vital proporcional a la calidad y a la cantidad de trabajo, no se encuentran expresamente dichos en la parte de la ley estatutaria, lo cual es estrictamente necesario”, concluyó Cuéllar.