Universidad Pública – Urge solución estructural para las finanzas de las universidades públicas

Urge solución estructural para las finanzas de las universidades públicas

El rector de la Universidad del Valle hace un análisis de la actual situación financiera de las 32 universidades públicas del país y las propuestas del gobierno para solucionar el déficit de 3.2 billones en funcionamiento y 16 billones en inversión. Situación por la que se ha generado un vigoroso movimiento de estudiantes, profesores y trabajadores que han salido a las calles en todo el país. Entrevista especial para La Palabra.


Por: Redacción La Palabra




Edgar Varela Barrios, rector de la Universidad del Valle.
Foto: https://www.elpais.com.co/cali/como-espera-univalle-pasar-de-28-000-a-40-000-cupos-en-cuatro-anos-explica-su-rector.html


La Palabra: Sobre la situación actual de las universidades públicas y las reivindicaciones sobre el tema presupuestal, hay un diagnóstico muy claro del problema, ¿cuál ha sido el avance puntual de las negociaciones con el Gobierno Nacional?

Edgar Varela: Diría que lamentablemente no han habido pasos significativos hacia la solución del problema financiero estructural de nuestras universidades, pese al diálogo que hemos mantenido con el Gobierno, tanto con la actual administración que lleva tres meses y medio, como con la anterior. Tanto la ministra como el vice-ministro conocen bastante bien nuestras cifras, pero hasta la fecha no hemos encontrado realmente un eco positivo en las alternativas que el Ministerio ha dado para la solución. Con la aprobación del presupuesto del 2019, nosotros pedimos la asignación de medio billón de pesos a la base presupuestal. Fuimos a la Comisión tercera del senado. Yo mismo intervine conjuntamente con el rector de la Universidad de Córdoba y el rector de la Universidad del Atlántico. Logramos la unanimidad en los congresistas de todas las bancadas para que se asignara medio billón de pesos a las 32 universidades. A la semana siguiente, sin embargo, nos encontramos con que esa asignación se redujo al 10%, solo nos asignaban cincuenta mil millones de pesos, y que los otros cuatrocientos cincuenta mil millones serían adjudicados a programas del gobierno como los de ampliación de cobertura o rubros de inversión. Entonces, para decirlo en términos gráficos, se nos desvaneció el apoyo; nos quedó solo el 10% de lo que habíamos solicitado, y no se solucionó el problema estructural de las finanzas que implica asignar más recursos a la base presupuestal, porque a gastos permanentes hay que darle ingresos permanentes.

LP: Y sobre el ofrecimiento de 1 billón de regalías para las universidades públicas, ¿qué tan cierta y viable es esta propuesta?

EV: Yo conozco bien el tema porque he sido consultor de proyectos de regalías y porque soy profesor de administración pública. Primero que todo, las regalías son de los territorios, y el gobierno nacional no puede por sí solo decidir que un recurso tan alto como 1 billón de pesos (sería medio billón por año) va a ser destinado a las universidades. En segundo lugar, las regalías no pagan gastos de funcionamiento; incluso está prohibido que se gasten en la funcionalidad de un proyecto. Este tipo de recurso no es permitido, y son además proyectos que a las universidades les dejan poco en términos de rentabilidad real. Se gastan en los objetivos propios que tienen que ver, si son del nivel general, con los recursos que ya están establecidos, y si son de ciencia y tecnología, con proyectos que tienen bienalidades, es decir, que son a dos años. En gracia de discusión, podríamos sentarnos a examinar qué parte de esos recursos que el gobierno anuncia podrían utilizarse para modernizar infraestructura educativa, comprar equipamiento, para laboratorios, reforzar edificios que tengan problemas de sismo-resistencia, etc., pero esos son temas puntuales, y creo que es muy difìcil lograr una escala tan alta como la que el gobierno se ha propuesto. Pero a eso, repito, no nos oponemos, pues me parece apenas una vía complementaria, pero que no resuelve el asunto principal.



Edgar Varela Barrios, junto a otros rectores de instituciones de educación superior del país, participando de la marcha por la educación superior pública que se adelantó en Bogotá el pasado miércoles 10 de octubre.
Foto: https://www.univalle.edu.co/lo-que-pasa-en-la-u/rector-edgar-varela-participo-de-marcha-por-la-educacion


LP: El movimiento universitario en todo el país ha ganado apoyo. ¿Cuál es su apreciación?

EV: Algo positivo que ha dejado toda esta protesta de las últimas semanas es el enorme respaldo que el país entero le ha dado a las universidades públicas, que no solamente tiene que ver con las marchas de decenas de miles de estudiantes y profesores, sino a la simpatía con la que los medios de comunicación, periodistas, expertos, empresarios, líderes públicos, gobernadores y alcaldes, solo para citar algunos de estos actores, han reconocido la justeza de estas peticiones, sumado al hecho de que tenemos pruebas concretas de lo que la universidad pública ha hecho. Acaba de publicarse el ranking de Sapiens Research, y de nuevo, la Universidad Nacional, la Universidad de Antioquia y la Universidad del Valle aparecen en los primeros lugares (por supuesto, la Nacional está muy por encima de las demás, como es apenas natural), y se comprueba que más del 70% de la investigación que se hace en Colombia proviene de las universidades públicas. Otro dato que vale la pena reiterar: 17 de las 32 universidades públicas ya están acreditadas de alta calidad, es decir, la mitad más uno de las universidades, y se ha gestado un proceso muy interesante en que universidades medianas y regionales han logrado los estándares de la acreditación. Un último tema, el cual mencioné en el Congreso y fue de gran acogida por los congresistas, es que mientras en los tres últimos años el programa “Ser Pilo Paga” tuvo una cobertura de 39.000 cupos, las universidades públicas crecimos en 98.000. Tenemos los datos; son datos certificados. Esto lo logramos con esfuerzo propio, sin que nos hubieran dado un peso, en cobertura de doctorado, maestrías y pregrado; son casi 100 mil nuevos cupos que han sido ofertados.

LP: En el caso de la Universidad del Valle, ¿Cuáles son las deudas de este año del Estado con la universidad y cuáles son las dificultades que estas crearían?

EV: Para exponerlo en términos gráficos: como el Estado nos traslada el presupuesto del año anterior indexado con la inflación, y a veces menos, hay un crecimiento de la nómina relacionado con el natural proceso de cualificación (más doctores que publican, gente que sube su categoría porque alcanzan la máxima titulación) que está desfinanciado. Quiero precisar que yo no soy enemigo del Decreto 1279: como rector, académico, investigador e intelectual defiendo el esquema del decreto 1279 porque me parece que la meritocracia de la producción intelectual y los títulos se refleja, y eso responde a un estándar internacional; en otras partes se hace de otras maneras, pero en definitiva es más o menos lo mismo: más productividad, más salario. Entre cuatro y cinco puntos de lo que vale la nómina de los docentes resulta desfinanciado porque el Estado nunca trasladó los puntos salariales, sino que hace el traslado anual de lo que significan las transferencias según el artículo 86. También ocurre con los empleados administrativos, los cuales tienen un régimen de carrera, y en Univalle tienen un régimen similar al de la Universidad de Antioquia y la Nacional, en los que también hay movilidad en términos salariales por títulos, por experiencia, porque se jubilan personas y otros ocupan los cargos, sin necesidad de aumentar la plata, que implican también un mayor costo. Adicionalmente, tanto para nosotros los profesores como para los empleados públicos, usualmente hay un punto o punto y medio que el gobierno pacta con las centrales obreras en acuerdos sindicales avalados la OIT que no nos trasladan. Entonces todo esto resulta en un sobrecosto laboral que no es reconocido por las transferencias. Ese es el primer rubro.

El segundo es la acreditación: los procesos de la acreditación nos cuestan. Si a uno le dicen que para ser de los mejores debe tener buenas bibliotecas, buenas bases de datos, que debe tener aulas adecuadas, conectividad, pues no va uno a esperar que se las regalen sino que toca contratar. La Universidad del Valle está en el top; somos una de las cuatro universidades que tiene la acreditación de más alto tiempo (a 10 años), y adicionalmente somos la universidad que más programas acreditados tiene en Colombia, incluso por encima de la Universidad Nacional y la de Antioquia. En los dos últimos años el Ministerio de Educación ha contratado a la Universidad del Valle, a la DACA, al Instituto de Educación y Pedagogía, y a la Vicerrectoría Académica, para acompañar procesos de mejoramiento de la calidad de muchas otras universidades públicas y privadas. Entonces, la paradoja es que uno es muy bueno, y en la medida que es bueno, eso le genera costos de carácter adicional que una universidad de menor calidad no tendría.

El tercer rubro es la infraestructura. Doy datos que es bueno que se sepan: la Universidad del Valle funciona en 140 hectáreas de su propiedad, 100 el campo de la ciudad universitaria de Meléndez y 40 hectáreas en las otras 10 sedes regionales. Administrar 140 hectáreas con más de 70 edificaciones es algo muy costoso, pagar los servicios públicos (agua, luz, etc.); mantener, en fin, la infraestructura es algo que realmente no resulta compensado por las transferencias.

Y el último tema, que sí es muy propio de la Universidad del Valle y de algunas otras universidades, es el fondo pensional, el cual fue creado al comienzo de la década pasada, hace cerca de veinte años, con un esquema en el cual se determinó que en caso de no ser suficientes las transferencias que giren la Nación y el Departamento, la Universidad tiene que garantizarle a los pensionados su pago, y esta situación por sentencias judiciales (que nunca han sido decisiones de la Universidad del Valle sino de los jueces) han modificado el monto de las pensiones y se ha generado un faltante que estamos discutiendo con el Ministerio de Hacienda para que se reajusten los giros que se hagan desde el Ministerio, la Gobernación del Valle y la propia Universidad. Los datos que me da la división financiera son un acumulado que a este mes de octubre está en 15 mil millones de pesos, dineros que la universidad le ha pagado a los jubilados por encima de las contribuciones que las tres partes que constituímos el fondo, y que, por supuesto, afectan bastante el flujo de caja. Nosotros hemos hecho una suma, y hemos redondeado en una cifra de 30 mil millones el déficit operacional que arrastramos en los últimos dos años y que nos impacta ya sobre el final del año.



En Bogotá se estima que 45.000 personas salieron a la calle.
Foto: https://www.semana.com/educacion/articulo/lecciones-que-deja-la-multitudinaria-marcha-por-las-universidades-publicas/586436


LP: Con este déficit operacional, ¿la universidad termina bien este año, pagándole a los funcionarios, trabajadores y profesores?

EV: Hemos estado trabajando desde hace mucho tiempo en la implementación de políticas de control del gasto que nos permitan cerrar el año, y por supuesto, yo aspiro a que la universidad, con la dificultad financiera que tiene, corriendo gastos, haciendo reprogramaciones, y todo lo concerniente a la gerencia de una universidad pública, pueda cerrar bien el año. ¿Qué quiero decir con esto? Que si no hay recursos, nosotros tenemos que hacer ajustes muy importantes en el gasto de la universidad. La universidad no puede seguir gastando de la misma manera como gasta ahora. Estamos haciendo una revisión de los gastos de representación, de los viáticos, de los gastos de los proyectos, del funcionamiento de la universidad, porque nos toca racionalizar los recursos a fin de garantizar un presupuesto estable para el 2019, de manera no solo formal sino real. Y adicionalmente, es muy importante que la universidad mejore su esquema de consecución de ingresos propios.

Deja un comentario

Your email address will not be published. Required fields are marked *