Entrevista – Este país lo que no aguanta más es este tipo de institucionalidad que desconoce la situación que viven hoy los jóvenes

“Este país lo que no aguanta más es este tipo de institucionalidad que desconoce la situación que viven hoy los jóvenes”
Rosembert Ariza Santamaría

El abogado Rosembert Ariza Santamaría, profesor asociado del Departamento de Sociología de la Universidad Nacional y doctor en Sociología Jurídica e Instituciones Políticas de la Universidad Externado de Colombia, habló en el programa La Palabra en Radio de la Universidad del Valle sobre la cuestionada actuación de la fuerza pública en el marco de la protesta ciudadana que se viene desarrollando desde el pasado 28 de abril en Colombia.



Por: Darío Henao Restrepo
Director de La Palabra




Foto: Esteban Vega. Tomada de https://bit.ly/3izvBZ9


Darío Henao Restrepo (D.H.R.): Quisiera iniciar esta conversación indagando sobre cuál es el tema de fondo que tú plantearías para explicarle a nuestros lectores, en relación con la actuación de la Policía y del Esmad en las protestas sociales que se llevan a cabo en este momento en Colombia.

Rosenbert Ariza Santamaría (R.A.S.): Frente a este tema tan difícil de revisar como lo es el papel de la Policía y, particularmente, de este escuadrón especializado en control de multitudes que es el Esmad, yo lo pensaría desde lo que he estudiado en los últimos cuatro años, desde el 2018 hasta hoy. El Esmad tiene el mandato operativo de impedir la posibilidad del ejercicio del derecho a la protesta, es decir, hay una institución dentro de una institución que tiene una tarea, y es la de impedir el ejercicio del derecho fundamental a la protesta, y esto se entiende de manera más clara cuando uno revisa la misión, la visión y las tareas operativas de la Policía Nacional y, particularmente, del Emad, porque para cualquiera puede ser muy de fácil entender, por ejemplo, que el Esmad controle el enfrentamiento que ocurre una vez terminado el partido entre dos barras bravas y que disuelva la multitud, pero cuando un grupo de ciudadanos hombres y mujeres de distintas edades salen a ejercer el derecho a la protesta y la Policía, en medio del ejercicio de ese derecho, disuelve la movilización social, pues lo está haciendo con el propósito de impedir que esa ciudadanía reivindique sus demandas sociales, políticas, culturales, identitarias, laborales, etcétera. Y en la práctica de las movilizaciones sociales, estudiantiles, y las movilizaciones que han ocurrido con mucha fuerza desde el año 2018 hasta hoy, mayo de 2021, encontramos que el Esmad impide a toda costa que las personas que ejercen el derecho a la protesta pacífica lo puedan desarrollar. Entonces de fondo tenemos a un cuerpo policial que impide el ejercicio de este derecho, y me parece que ese es el tema que, como usted ya los mencionó, tanto la Organización de las Naciones Unidas (ONU), como la propia Corte Suprema de Justicia, establecen, señalan e identifican que este escuadrón de policía, por tanto, debe ser reformado de manera muy profunda para que se ajuste al estándar del Derecho Internacional de este tipo de policías y, particularmente, al cumplimiento del Artículo 37 de la Constitución Política de Colombia.

D.H.R.: Hay algo que tú planteas en dos escritos que leído, y es el tema del uso de la violencia y sus límites, y el tema de cuándo es legítima y cuándo es ilegítima, sobre todo porque esto está en la discusión nacional. Hay muchos sectores, sobre todo del empresariado, como José Félix Lafaurie de Fedegan y la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), y bueno, uno lee los periódicos, digamos oficiales, para ver qué están pensando, dijéramos, ciertas élites, sobre todo las más conservadoras, y bueno, ese es el debate que se está planteando. ¿Qué es legítimo y qué es ilegítimo?

R.A.S.: Ése es un tema central, como usted lo menciona, en el debate público, y para mí tiene un contra texto, y es, lo sabemos por Max Weber, que el monopolio de la violencia está en manos del Estado, pero el hecho de que este monopolio de la violencia esté en manos del Estado, no significa que toda la violencia que desarrolla el Estado sea una violencia legal y legítima. El Estado colombiano, y particularmente este gobierno y los últimos gobiernos, han desbordado tanto su propia legitimidad como su propia legalidad. Aquí lo que señalaría es que en términos sociológicos, nosotros encontramos que esa violencia legal, la que ejerce el Estado, cuando evidentemente tiene una causa justa, tiene una motivación legal, esa violencia legal es permitida por el derecho. Es, digamos, lo que en la teoría clásica llamamos precisamente violencia legal; pero también hablamos de una violencia legítima precisamente cuando el Estado opera en medio de una crisis institucional, o cualquier crisis, e intenta establecer el orden legal, el orden público o el orden social. Es importante resaltar que hay una diferencia entre la fuerza que puede usar la Policía y la actuación militar. Por eso creo que todo el país se ha opuesto de manera muy fuerte a la asistencia militar, que viene realmente con la reforma al Código de Policía, el cual incorporó esta idea de la asistencia militar para traer una vieja práctica que tenían algunos gobiernos autoritarios y conservadores en Colombia: declarar el Estado de excepción o de sitio y suspender la vigencia de los derechos humanos. Esta práctica se supone que fue suspendida por la Constitución de 1991. Hay también una violencia de tipo ilegal y también una violencia de carácter ilegítima que puede ser ejecutada por parte del Estado; es ilegal precisamente cuando está prohibida por el derecho como, por ejemplo, el Derecho Internacional. Varias de esas armas que usa el Esmad han sido prohibidas por sentencias de la Corte Constitucional y por la propia Corte Suprema de Justicia. Entonces esa violencia, que se supone que es legal y legítima del Estado, pues es ilegal cuando está yendo en contra del Derecho Internacional y de la ONU. En segundo lugar, esta violencia también es ilegítima precisamente cuando el Estado termina actuando u operando sin tener un nivel legal de orden que establece que eso se puede hacer. Voy a explicar esto con un poco más de detenimiento. Creo que todos hemos visto esa campaña titulada “¿Quién dio la orden?”. Pues bien, cuando se hace esta pregunta, se está indagando por quién fue o quienes fueron los actores institucionales que dieron dicha orden. Cuando hicieron la operación militar para dar de baja al comandante Cano, por ejemplo, fue el presidente Juan Manuel Santos quien dio la orden porque él era el comandante en jefe de las Fuerzas Militares. Ahora bien, si nosotros nos enteramos que él no dio la orden y quien lo hizo fue el comandante del Ejército, pues estaríamos frente a un golpe militar. Hay una cadena de mando, hay unos responsables de esas órdenes. Entonces, frente a lo que está pasando con los desmanes de la Policía, y particularmente la Policía de civil, esta policía que hace inteligencia, esta policía que hace infiltraciones, esta policía que se supone que investiga hechos criminales pero que está de civil y está incitando también a la violencia, esto obedece a unas órdenes que vienen de un comando superior, que vienen de unos oficiales generales o que vienen de la propia Presidencia de la República. Entonces lo que acontece en el orden local no acontece al azar, no acontece porque sí. Todas las operaciones que hace la Policía en cualquiera de los lugares, obedecen a una cadena de mando y hay unos responsables, y esos responsables, si efectivamente dan una orden que está contra el derecho, que no está dentro de los manuales operacionales de la Policía y del Esmad, están haciendo un uso discriminado de su fuerza, están usando armas que no están autorizadas, y por tanto, las afectaciones que cometan en cualquier ciudadano, pues son, por supuesto, dignas de reproche jurídico, político, social, moral e institucional, y creo que nosotros estamos asistiendo a que muchos de estos desmanes que hay, llamados así por algunos, obedecen a una actuación errática, a un uso excesivo de la violencia policial y estatal para controlar la protesta social y las expresiones de descontento social, y cuando uno revisa esa proporcionalidad entre un joven o un estudiante que tira una piedra y un policía equipado completamente para un tipo de situación como esas, con armas catalogadas como especializadas para enfrentar ese tipo de situación, allí hay una situación asimétrica, pero, además, esos policías portan armas de fuego. Cualquiera de las armas que usan estos policías pueden llegar a ser letales. La letalidad también es otra discusión, es un aspecto que tenemos que analizar, y lo que ha venido haciendo la Policía es actuando todo el tiempo fuera del campo legal y fuera del campo de la legitimidad, y por eso cuando todos los medios de comunicación, los empresarios y los grandes forjadores de opinión salen a decir que los bloqueos, por ejemplo, y que todo lo que se está haciendo está yendo en contra de la economía y del Estado, y que es ilegítimo e ilegal, pues creo que eso es susceptible de una discusión muy profunda porque en efecto, lo que el propio Estado está haciendo también está en el campo de la ilegitimidad y de la ilegalidad. Entonces vendría una tercera pregunta: si el Estado puede hacer uso de la violencia legal y legítima, ¿la sociedad también podría? Una sociedad levantada contra ese Estado, contra ese orden jurídico, contra ese orden social en medio de una manifestación, contra un Estado que está haciendo uso ilegítimo e ilegal de la violencia, esa sociedad, esos manifestantes, ese movimiento social puede responder en igualdad de condiciones, si es visto como una respuesta también de un uso social legítimo de la violencia, y me parece que en este sentido hoy encontramos en Colombia muchas de estas situaciones. Los manifestantes, los jóvenes, los estudiantes, las personas que protestan están haciendo un uso social legítimo y legal de la violencia. Muchos de esos usos sociales de la violencia podrían ser ilegales, pero no todos son ilegítimos, y ahí es donde me parece que encontramos unas transformaciones muy interesantes en esta reflexión sobre violencia, legalidad y legitimidad, venga de donde venga. Es decir, porque el Estado no siempre está legitimado para utilizar la violencia y usar la fuerza, sólo lo puede hacer mediante el derecho, y cuando no lo hace conforme a derecho, pues está haciendo un uso, insisto, ilegal e ilegítimo.


El presidente desplegó al Ejército para contener los actos de violencia, pero no ha dado resultado. Al revés, ha elevado la tensión. La respuesta del Gobierno ha sido redoblar efectivos.
Foto: Ivan Valencia. Tomada de https://elpais.com/elpais/2021/05/05/album/1620233905_641199.html#foto_gal_10


D.H.R.: Te voy a plantear algunos casos concretos de lo que está pasando acá en Cali. Quizás el caso más indignante es lo que pasó en un reconocido almacén de cadena ubicado en la zona suroriental. Ya está completamente demostrado con videos y declaraciones que esos almacenes han sido utilizados por la Policía. Entran con sus motos uniformados y salen por la parte de atrás con otra vestimenta y otras motos distintas a hacer estragos, a atacar, a desaparecer muchachos. Han matado ya varios, y ese es uno de los fenómenos que hemos estado viendo. Están disparando desde camionetas y carros blindados sin placas, como ya ha sucedido en varias partes. Es decir, este tipo de infiltraciones hacen parte de la política del Estado y de lo que ha venido encabezando el ministro de Defensa con ese lenguaje que, como decía el ex presidente César Gaviria, es como una licencia para matar. Hagamos un breve análisis de esto como parte de la política policial del Estado de infiltrar y de utilizar grupos para que ellos mismos hagan vandalismo. Está muy claro que los actos de vandalismo no los han hecho ni los estudiantes ni los manifestantes. ¿Cómo ves esa política del Estado en este sentido?

R.A.S.: Creo que esto es una práctica institucional que tiene que ver con varios temas. Primero, con el tema de las prácticas de seguridad nacional, que es la lógica que ya habíamos dicho de infiltrar policías de civil, infiltrar la manifestación, infiltrar las organizaciones de base, las organizaciones políticas, las organizaciones sociales, y estos procesos de infiltración básicamente se hacen para identificar líderes y actores claves que después van a ser judicializados, criminalizados y desaparecidos. Cuando digo que esto es una práctica institucional me refiero a que por lo menos, en los últimos 50 años, hemos podido documentar varios casos relacionados con temas de criminalización del pensamiento crítico en Colombia. Hemos podido constatar tres actuaciones generales que también se pueden ver de manera concreta en lo particular. El Estado perfila a sujetos que ellos llaman “enemigos de Estado”, y ya todos conocemos la doctrina del enemigo de Estado, una doctrina anticomunista que algunos consideran que no sigue vigente; pero cuando uno observa la actuación de este Gobierno y de este Ministerio de Defensa en cuanto a la ausencia de enemigo. Porque el problema era que el enemigo eran las FARC, y era muy fácil culparlos hasta el acuerdo de paz; pero ya es muy difícil echarle la culpa de todo lo que está pasando, a pesar de que ellos consideran que lo que está pasando en Cali está infiltrado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Entonces esto que ocurre en el nivel local, primero, es una actuación de organismos de inteligencia policial y militar. Es decir, no es sólo la Policía; también participan el E2, el B2, la Sijin, e incluso la propia Armada. Todos ellos están bien articulados y coordinados. Básicamente realizan tres tipos de acciones. La primera es contribuir a armar el caos y promover la confrontación para justificar sus actuaciones, que están encaminadas a propiciar la posibilidad de dar de baja a esas personas que ellos han perfilado como “enemigos de Estado”, considerados como sujetos altamente peligrosos. La segunda acción es capturarlos. El Esmad y la Policía tienen una estrategia particular de captura de líderes, de sujetos que para ellos son preponderantes en estos temas. El Esmad, por ejemplo, dentro de las propias marchas tiene a un policía que no lleva toda la indumentaria que usan los demás policías del Esmad, para poder correr a mayor velocidad. Le dicen el speed, y tiene como función entrar a las marchas y capturar al líder o a los líderes. Eso está planteado en el manual de operaciones del Esmad. Cuando ya han hecho todo el trabajo previo durante la marcha y cuando el Esmad entra a partir la marcha, ya tienen identificado en qué lugar están los líderes para poder precisamente llegar en ese momento a la marcha y emboscar, capturar y judicializar a estos estudiantes como terroristas. Esto es lo que hacen, digamos, de manera pública, frente a todos. Cuando la Policía utiliza los gases no siempre es para disolver, sino como una estrategia para que la gente se ocupe de mirar dónde están los gases y corran, para así la Policía poder efectivamente capturar a las personas que les interesa de esa marcha o movilización en particular. Esta actuación que hace el Esmad también la están haciendo los policías de civil que están haciendo inteligencia, que están dentro de la marcha y que ayudan a lo que está haciendo el Esmad en las noches, que creo que es lo terrible que está pasando en Cali y en otras ciudades donde la movilización tiene más fuerza. La Policía y el Esmad, pues, articulan la captura de estos líderes o su desmovilización de las marchas y les impiden que sigan actuando mediante amenazas directas; los golpean, los maltratan y los torturan. En las noches adelantan operativos especiales de control y hacen seguimientos a ciertos actores que se movilizan de un lado a otro. Entonces lo más seguro para todos los líderes que están en estos procesos es no moverse, porque efectivamente si se mueven y están fuera de esos espacios seguros, muy seguramente estos organismos de inteligencia los van a interceptar y los van a llevar a estos lugares donde se están cometiendo este tipo de actos. Prácticas que, hay que decirlo, son de toda la vida, pues no es que lo estén haciendo sólo ahora.


Un mujer grita desesperadamente pidiendo el alto a la violencia, el 29 de abril, en la Plaza de Bolívar, en Bogotá, Colombia.
Foto: Ivan Valencia. Tomada de https://elpais.com/elpais/2021/05/05/album/1620233905_641199.html#foto_gal_9


D.H.R.: Para terminar, se sabe que hay estigmatización por parte de gente clasista, racista y homofóbica. Tal como como lo planteas en tus escritos, es evidente que hay que hacer una reforma de la Policía y desmontar el Esmad. A grandes rasgos, ¿cuál es la salida que el país tiene que darle a la actuación de la fuerza policial? ¿Hacia dónde se debería apuntar?

R.A.S.: En mi opinión, se debería apuntar a cuatro cosas. En primer lugar, se tienen que reconocer los desmanes y responsabilizar y juzgar a estos policías que tuvieron que ver con todo este tipo de actuaciones y, por supuesto, a los comandantes, a los que dieron la orden frente a estas situaciones. Creo que esta es una exigencia de reparación y de justicia básica que vamos a pedir todos. También esperamos que aparezcan los desaparecidos. Muy seguramente con relación a esto que está pensando en Cali, que tiene una dimensión tan grande, el Estado va a intentar ocultar todos esos desmanes y esas masacres de jóvenes que hemos visto y que no son sólo de ahora. Entonces lo primero es el tema de justicia para aquellos agentes policiales y aquellos comandantes que están detrás de estas operaciones. En segundo lugar, me parece que un tema que está pidiendo la propia mesa nacional de paro y que nosotros en el análisis hemos hecho con algunos colegas profesores, es lograr que en el corto plazo esta policía no sólo se desmonte, sino que sea una policía que esté sometida a un control civil en esta clase de situaciones. Hablar de la Procuraduría y de la Contraloría, que son del Gobierno, es muy desafortunado, además porque no tenemos quién garantice los derechos humanos, y tanto la comunidad internacional como la Corte Interamericana no han podido hacer mucho. Seguramente cuando conozcamos todo lo que pasó, vamos a estar mucho más alarmados; pero sin duda el segundo hecho es que se acabe el Esmad. Hay que replantear la Policía, sacarla del Ministerio de Defensa y pasarla al Ministerio del Interior, y debe ser una institución controlada por los ciudadanos, no por la Procuraduría. Esa figura del comisionado de Policía que hubo entre los años 1993 y 1998, que fue bastante interesante, hay que retomarla para que la Policía tenga realmente un control. En tercer lugar, hay que tener un estatuto urgente de reacción, uso y verificación de esa fuerza legítima del Estado y proteger el derecho a la protesta ciudadana. En Colombia esto es una orden de la Corte Suprema de Justicia, mandato que este gobierno no ha querido cumplir. Ya vamos a cumplir un año y este estatuto no existe y se requiere. El Gobierno nacional está incurriendo en franco desacato de esta orden judicial al no cumplir la tarea de desarrollar este estatuto. Y por último, la cuarta tarea que me parece fundamental es la composición de la propia Policía, la cual tiene que ser revisada. Si esta institución se somete a una gran reforma, va a implicar que todas las personas que están involucradas en esta institución, se formen en derechos humanos, una formación muy profunda en el respeto a los derechos de la ciudadanía. Lo que nosotros estamos viendo es que hay una carencia absoluta de formación, no sólo de los policías del nivel ejecutivo sino a nivel de oficiales, un poco por las actuaciones y también por las declaraciones que han hecho frente a lo que sucede. Yo quisiera sólo recordar, por ejemplo, algo que dijo el nuevo director de la Policía de Bogotá apenas se posesionó. Le hicieron una entrevista la semana pasada, y le preguntaron qué opinaba sobre lo que estaban haciendo los jóvenes, a lo que respondió: “Todos estos jóvenes no saben ni dónde están parados, son unos sujetos que todo el mundo manipula”. El director de la Policía de Bogotá está profundamente equivocado. Estos jóvenes que están hoy en la protesta, que están allá en las barricadas, que están en las marchas, son sujetos profundamente politizados y no hay nadie detrás de ellos. Es decir, meterle a esto el castrochavismo. Esta es una policía delirante que delira con el régimen político que tenemos, que crea un enemigo para que todo el mundo tenga miedo, pida y clame, como por ejemplo un periodista colombiano que le pedía al presidente de la CUT, casi llorando, que por favor detuvieran ya todas estas marchas y los bloqueos, que este país no aguantaba más. Este país lo que no aguanta más es este tipo de institucionalidad que desconoce la situación que viven hoy los jóvenes. Me parece que con estos cuatro elementos podríamos empezar a dar un paso hacia adelante en las reformas que se requieren para que el propio Comité Nacional de Paro, junto con la sociedad, logren una reparación por todo lo que ha pasado desde el año 2018 hasta este paro que estamos viviendo en la actualidad.




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