Editorial – La disputa entre lo público y lo privado

La disputa entre lo público y lo privado




Foto: Julio César Pino Agudelo


Las multitudinarias manifestaciones y protestas de los estudiantes, profesores y trabajadores de las universidades públicas en el último mes, en medio de la tempestad generada por la reformas presentada por gobierno Duque en el Congreso por más impuestos a los colombianos de bajos ingresos y jugosas excepciones a las grandes empresas y fortunas, a lo que se juntan los escándalos de la corrupción de cuello blanco, auguran lo que podemos esperar a partir del primero de enero de 2019. Estamos viendo apenas el tráiler de lo que será el largometraje de las imposiciones del modelo neoliberal con un final tragicómico conocido: más hambre, más desempleo, menos salud y educación, más conflicto social y menos bienestar para la mayoría de los colombianos.

Para comprender el sentido profundo de lo que está pasando con las universidades es preciso situarnos brevemente en el contexto en el que ocurren. Desde la promulgación de la Ley 30 de 1992, que rige la Educación Superior Pública y su financiación, no se estableció un crecimiento a futuro, por eso la eterna pelea de los rectores y sus comunidades por más recursos a la base de los presupuestos que ya no alcanzan y que hoy acumulan una desfinanciación de 3.2 billones para funcionamiento y 15 billones para inversión en infraestructura y actualización tecnológica. Las cifras del SUE desde inicios de este siglo, con las estadísticas del Ministerio de Educación, han venido mostrando como ha decrecido el monto real de los aportes del gobierno por estudiante. Las cifras son contundentes y reveladoras. El cálculo de la división del aporte efectuado por las transferencias de Ley 30 frente a la cantidad de estudiantes arroja un resultado de $10.825.890 entregados en 1993 contra solo $4.785.338 en el 2018. Esta cifra por estudiante si aumentó para el programa “Ser Pilo Paga”, con el cual las mayores beneficiadas han sido las universidades privadas. Con un alcance de tan solo 40.000 estudiantes y un costo de casi 4 billones de pesos, para 10 millones por estudiante, esto contrasta con los 3.6 billones para las 32 universidades estatales y el beneficio a más de 600.000 estudiantes, en su mayoría de los estratos más bajos de la población. Queda muy claro que el Estado estableció una forma legal de transferir recursos públicos a las universidades privadas. Lo paradójico es que el actual gobierno va a mantener el programa con otro nombre, Generación E, mientras le concede a los rectores de las públicas algunos recursos, sin duda importantes, pero que no atienden a la propuesta de solución estructural a 10 años de refinanciación presentada en la mesa de negociación por los representantes de los estudiantes y profesores.

Hace 30 años el país se debate en una batalla en torno de lo que debe prevalecer, si de verdad queremos tener un país democrático y en paz. El prolongado conflicto polarizado entre las fuerzas políticas, en un movimiento pendular entre partidarios de la agenda neoliberal y los que propenden por un proyecto democrático popular, no termina. Este es el escenario al que estamos asistiendo en América Latina con los vientos de retroceso aupados por el más rampante y despiadado neoliberalismo, que no significa otra cosa que el desmonte de lo público en beneficio de lo privado. Brasil es hoy el mejor laboratorio de este retroceso.

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