Editorial – El débil control constitucional

El débil control constitucional




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Colombia es un país que siempre se ha preciado de sus leyes desde los tiempos fundacionales del general Francisco de Paula Santander. Somos santanderistas, repiten muchos, sin entender los meandros de esta afirmación. En los tiempos actuales, cuando el país va de tumbo en tumbo, si atendemos al ex magistrado José Gregorio Hernández, de notable y reconocida ascendencia jurídica, resulta en extremo preocupante su reflexión sobre lo que él llama “el débil control constitucional”, un SOS angustioso sobre un Estado fallido que se nos diluye entre las manos.

Según el ex magistrado, el Estado de Derecho se viene deteriorando, no está funcionando, porque el imperio de la Constitución y de la ley se viene afectando por oscuros apetitos e intereses. Las normas en vigor se acomodan por la administración y otros órganos del modo que mejor convengan a propósitos de coyuntura, al paso que las disposiciones nuevas se introducen en las leyes con miras a alcanzar objetivos políticos de corto plazo, sin mayor discusión y observancia de los requisitos constitucionales. A sabiendas de que nada ocurrirá en la Corte Constitucional, porque, si las normas que se aprueban son impugnadas por cualquier ciudadano en ejercicio de la acción pública, lo grave, dice el doctor Hernández, es la inadmisión de la demanda o la sentencia inhibitoria por “ineptitud sustancial de la demanda”. Así los jueces constitucionales se lavan las manos para no considerar a fondo las demandas. Se sacrifica de esta forma el objetivo de la defensa de la Constitución por rendir culto a tecnicismos que han inventado los magistrados para no encarar su verdadero papel.

Para el ciudadano común, al cual pareciera no le tocara lo que está pasando, aunque de verdad sí, mucho más de lo que pueda entender, lo que está pasando con el peligroso debilitamiento del Estado de Derecho atenta contra su bienestar: en la salud, la educación, los impuestos, la restitución de tierras, la paz, las pensiones, para apenas si mencionar los temas gruesos. Ya muchos congresistas han advertido los micos que vienen en el Plan de Desarrollo, como por ejemplo, la que introduce este plan para reformar el actual régimen de pensiones o el sistema de salud, reformas que deben tener su trámite ordinario en el Congreso de cara al país.

Los acuerdos recientes logrados por el movimiento estudiantil y profesoral en las universidades públicas también están sujetos, en buena parte, a lo que pase en el Congreso con muchos de los compromisos adquiridos con el actual gobierno. Ahí está el espejo de los indígenas del Cauca. El futuro de la Educación Pública Superior depende de todos los teje manejes a los que viene sometiéndose el Estado de Derecho. Por tanto, hay que estar atentos con esta situación para nada alentadora con la maltrecha democracia.

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