Crítica – Derecho indígena colombiano

Derecho indígena colombiano


Por: Dr. Rigoberto Banguero Velasco.
Universidad del Valle (Sede Regional Buga)





Foto: https://www.poemiaeditorial.com/libros/derecho-indigena-colombiano/


La presente obra denominada Derecho indígena colombiano, surge desde las construcciones teórico-epistemológicas posibles en cada país de América, que siguen repensando las raíces respecto a las culturas interlegales en el marco del pluralismo jurídico legitimado incluso por las constituciones políticas de cada nación, gracias a las luchas sociales de pueblos indígenas, recuperadores de los conocimientos diversos de culturas de pueblos originarios. En ese sentido, el diseño obedeció al deseo de comunidades indígenas de las culturas: Wounaan, nasa, Páez, Zenú y Misak, de revisar crónicas, cartografías en centros documentales como el convento de San Francisco de Quito, Ecuador, el Archivo Central del Cauca, el Archivo Histórico Central de Bogotá (AHNB), las informaciones primarias y secundarias que son las herramientas clave y se hallaron en las comunidades, además de insistentes estudios documentales de México, material abundante, pero de difícil acceso a ellos.

A través de este texto se demuestra la existencia de la práctica de normatividades jurídicas para el control de sociedades que tuvieron estructuras político-organizativas para el buen vivir de colectividades antes de 1492. Es decir, que se investigaron los antecedentes prehispánicos y el derecho indígena actual fruto de la memoria histórica de las culturas indígenas. Interesa primordialmente la revisión histórica para aportar a la restructuración de un cuerpo del derecho indígena que incluya y aborde desde las leyes de origen fuentes de orden y de cimientos espirituales. De allí que fue necesario des-pensar, abrir posibilidades, espacios, cuestionar el desconocimiento del derecho indígena y dar respuesta a interrogantes como: ¿Por qué es desconocido y casi novedoso? ¿Por qué se desconocen elaboraciones indígenas, otras maneras de ordenar el mundo, otras alternativas de lo múltiple, otra producción-reproducción de sentido de justicia? Ante estos interrogantes se propusieron técnicas como la revisión de fuentes históricas, textos, oralidades, recorridos, cartografías organizativas en los territorios, estudios etnográficos que varios investigadores han aportado en los últimos años para la conformación de un campo de estudio interjurídico desde una perspectiva de triangulación de fuentes. Es de interés presentar este trabajo con el propósito de que su lectura contribuya a una reflexión acerca de los usos, prácticas y conceptos que definidos como normatividad jurídica se viven, se practican en las comunidades indígenas, así corno su relación con la ley nacional ósea la constitución politica de 1991 para la república de Colombia. Será de relevancia para los profesionales de humanidades y de todas las disciplinas, porque facilita el conocimiento de la llamada multiculturalidad que contiene un pluralismo legal no practicado, partiendo de que Colombia es un país de monismo jurídico, que no admite fácilmente las interlegalidades, por ello es improbable hablar de justicia social, de igualdad en una democracia, porque al continuar negando la diversidad cultural, espiritual, y jurídica que existe, se desvaloriza y niega los derechos especiales para pueblos étnicos y su completo bloque jurídico.

De lo anterior se puede decir que, para poder vivir una verdadera democracia pluricultural, que significa la vida y las libertades consagradas en el Buen Vivir americano y que dan apertura a la diversidad de horizontes, deberá comprenderse qué significan las leyes de origen y las cosmovisiones que son bien diferentes a las filosofías de otros pueblos. Tendrá que entenderse qué es proporcionalizarse en comunidad con sus partes y con la Madre Tierra; partiendo de que esta tiene sus puntos altos de energía, como el mar, los manantiales, los cerros, los volcanes, allí, hasta las grandes potencias como el sol, la luna, las estrellas y sus constelaciones conforman una trama, allí, en el todo cósmico «anidan» las culturas indígenas; todos son hijos, son tierra, se reafirman en el cada día, es una afirmación geocósmica que no comprenden las poblaciones mestizas, blancas.

Es diferente la perspectiva estática, separatista occidental que siempre produce opuestos contradictorios, y sus estudios, sus análisis, sus creaciones nacen siempre de los opuestos sin redes de sustento. Resultado de la colonización (ontología occidental) es la violencia sembrada en el corazón y en el alma de millones de colombianos, hermanos sin identidad, sin empoderamiento de su territorio y de su cultura, masificados y regidos por un modelo cultural y económico que no les permite ser persona.

Ahora bien, el texto recalca reflexivamente en la complejidad que implica el reconocimiento y aceptación del derecho indígena hasta el periodo actual, las reformas que reconocen derechos indígenas, como elementos sueltos, desarticulados de una estructura jurídica anterior a la época de invasión, son limitadas porque los encuadran en los marcos de la legalidad instituida sin desactivar concepciones de las leyes de Indias. Si bien las comunidades de pueblos indígenas tienen sus estructuras organizativas transformadas por la conquista y la colonia, sus autoridades muestran que sus formas de organización son prehispánicas, y han decidido reconstituirse a partir de los archivos de Indias, esto es importante, en los avances que se están realizando. La principal limitación es la introducción de un sesgo en la investigación, porque, gran parte del pensamiento indígena acerca del derecho Indígena se ha transmitido de forma oral dentro de las comunidades, incluso, en muchos idiomas originarios y no existen fuentes documentales escritas. (se presenta una guerra interjurídica).

La sanción sentencia que le aplica el derecho positivo tiende a desarraigarlo de su comunidad; no existe un espacio donde la voz de las autoridades tradicionales indígenas se escuche. Hemos visto que existe una cultura jurídica en las comunidades, por ello, aún se conservan espacios de aplicación de la legalidad indígena. Cuando hay una situación de conflicto que no involucra hechos de sangre entre miembros de la comunidad, se acude ante las autoridades tradicionales a presentar la queja. Se cita al acusado y normalmente se le enjuicia en público, cuando se convoca al pueblo para la asamblea general. Aquí se observa un primer elemento de concepción sobre la sanción distinto al del derecho nacional. Se busca que el culpable sufra como castigo la vergüenza de haber sido exhibido como desarmonizado ante el pueblo. Se somete a ritos de armonizaciones, porque consideran está alejado de su concepción cósmica, de hecho, desarmonizado, por tanto, entre los indígenas sí se logra la justicia pronta y expedita que establece la Constitución colombiana. Generalmente los delitos se presentan y resuelven en una asamblea que puede durar varios días, durante ella se discuten los hechos, se reconstruyen, interviniendo tanto la parte acusadora como la acusada. Las autoridades tradicionales dirigen la discusión, señalando el tipo de valores que la comunidad quiere preservar. Este es el ámbito donde se ubica el conflicto y en él se definen las resoluciones, las cuales son inapelables. También se estudian las reparaciones, se trata de mantener la cohesión del tejido social en la comunidad y de favorecer al delincuente según sus usos y costumbres con prácticas espirituales. No significa la impunidad, la sentencia se cumple, y su voz no es importante dentro de la población, existe entonces la sanción social.

En la actualidad existen en Colombia 82 pueblos con su propia cultura e idioma. Por ser el censo un derecho y no un requisito es demandable ante la Corte de Colombia, estos impedimentos que atentan al pleno derecho a la vida. El censo general nacional, si bien en su formato solicita la caracterización étnica no ha creado un sistema para diferenciar a los indígenas, lo cual restringe y perjudica el acceso a recursos económicos, desconociéndose los principios generales y derechos de los pueblos indígenas, vulnerando totalmente la unidad, la autonomía, la cultura y el territorio como principios rectores para garantizar el derecho a la vida, marginándolos, excluyéndolos y llevando a numerosos indígenas al exterminio, o a las invasiones en las principales ciudades colombianas, doblemente vulnerados, discriminados porque los funcionarios, cuerpos de seguridad, y población mayoritaria desconocen totalmente la Constitución colombiana y el bloque de protección jurídica que asiste a los pueblos indígenas. Sus organizaciones nacionales, regionales, locales indígenas y a través de convocatorias a mesas nacionales de trabajo reconstruyen el derecho indígena en su propia estructura. Partiendo de los antecedentes prehispánicos, como un corpus diferente, porque se nutre de los encuentros regionales, mingas, congresos continuamente, base para manifestaciones, elaboraciones de mandatos y petición de derechos jurídicos.

Desde esta perspectiva, los intelectuales aborígenes que han incidido positivamente (solo para rescatar a Manuel Quintin Lame y al padre Ulcué). En la cédula real aparecen las geografías de la gran cultura zenú, una de las más ricas en su arqueología en Colombia. Sus leyes se desarrollan en el marco del derecho propio, la ley de origen, y su fortalecimiento con la Declaración de los Derechos de los pueblos indígenas, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de septiembre de 2007, para promover, proteger, defender, exigir, restablecer y aplicar sus derechos como la competencia de ejercer funciones públicas, administrativas, legislativas y jurisdiccionales. Al mismo tiempo se puede decir que el derecho es un asunto social complejo, por estar imbricado con usos, prácticas, costumbres, cosmovisiones, conceptualizaciones, es decir, la cultura. En síntesis, el derecho indígena como corpus, tiene como fuente las leyes de origen de los pueblos y se considera un antecedente fundamental para mantener una posición histórica milenaria, demostrando la existencia de naciones organizadas y desdibujadas por la colonia. revisar el significado de minoría, ethos, y de escrituralidad desde la concepción occidental y su impacto conceptual en la reconstrucción y visibilización del derecho indígena como cuerpo, sistema o estructura que implica relaciones simbólicas del orden cultural. El nombre mismo de «América Latina» y en sus sustitutos Hispanoamérica, Iberoamérica subyace la negación del mundo indígena y lo que el nombre hace es borrar esa humanidad indígena menospreciada. Así «América Latina» asume antropológicamente una falsa homogeneidad racial e identitaria. Se asocia con una genealogía territorial igualmente invisible: el mundo europeo latino. Es una etiqueta etnográfica del siglo XIX que determina la negación decimonónica de la heterogeneidad. Son relaciones de dominación simbólica y material a través de la escritura etnográfica sobre las diversas naciones indígenas. Ese Otro fue, de acuerdo con Dussel, «negado como Otro» y «obligado, subsumido, alienado a incorporarse a la totalidad dominadora como cosa».

De esta manera, como lo dice Boaventura de Souza Santos, la pluralidad es el punto clave del campo jurídico en las sociedades actuales «una constelación de legalidades» (e ilegalidades) diversas que operan en espacios y tiempos locales, nacionales, transnacionales» (Santos, 1998:18), lo que indica que el orden jurídico estatal está siendo confrontado con otros sistemas jurídicos locales que les disputan la legitimidad. El debate se traslada, entonces, hacia el estatus epistemológico de los llamados conocimientos indígenas, continentales, regionales, frente al estatuto de cientificidad y racionalidad occidental que ampara al conjunto de los saberes generados desde las diferentes disciplinas, validadas como científicas.

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